Nuestro surgimiento como corporación debe entenderse en el contexto de la implementación de la Constitución Política de 1991. La promulgación de esta nueva carta significó un proceso de renovación institucional con miras a la consolidación del Estado Social de Derecho. Entre otras cosas, esta Constitución reconoció el derecho de las comunidades afrodescendientes e indígenas para definir y ordenar sus territorios- en consonancia con el Convenio 169 de la OIT-, que declaró como bien constitucional el ambiente, consagrándolo como principio fundamental, derecho y deber constitucional. Todo este proceso significó una apertura para la participación de la sociedad civil, en la toma de decisiones en el ámbito de lo público.

 

Es así como, a partir del reconocimiento del derecho a la consulta previa y la estipulación de los estudios de impacto ambiental, que una serie de profesionales, académicos algunos ciudadanos y organizaciones sociales, decidimos abrir un espacio de participación y de incidencia sirviendo como bisagra entre el Estado, las comunidades y los territorios. En este contexto creamos la Corporación GAIA, como una apuesta por hacer del conocimiento académico y técnico, una posibilidad de construcción democrática del Estado y lo público.